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Foto: Jesús Alfonso los afectados crearon un colectivo de colectivos para pedir ayuda para proteger sus viviendas.
Los vecinos que habitan las zonas de la capital afectadas por hundimientos se organizan para intercambiar información, hacer su investigación y exigir una compensación de las autoridades.
Desde que ocurrió el hundimiento del Barrio San Antonio, zona 6, en febrero de 2007, los vecinos formaron un Colectivo de Colectivos, que integra a 7 organizaciones; entre ellas, comités de vecinos y organizaciones ambientalistas.
Karla Maldonado, integrante de la Asociación Ecológica y Cultural Mapaches –una organización ecologista fundada en Ciudad Nueva, zona 2, en 2008–, afirma que unas 26 mil familias residen en áreas cercanas a los hundimientos de las zonas 2 y 6. De ellas, unas 50 participan en reuniones semanales y actividades como repartir volantes y diseminación de información por internet.
El colectivo tiene una página web, ciudadnuevaunete.blogspot.com, y presencia en redes sociales, como Facebook y Twitter. El 27 de agostose organizó un foro en el cual participaron unas 110 personas y otras 140 lo siguieron por videoconferencia.
A ese evento asistieron no sólo los vecinos de las zonas afectadas, sino también de otros sectores cercanos, como la zona 1, donde la gente teme que puedan producirse hechos similares.
En el Barrio San Antonio los vecinos han designado a cuatro personas por manzana para que organicen una evacuación de manera ordenada, en caso de que se produjera un nuevo desastre.
Las demandas
El Colectivo exige 1) un diagnóstico y un plan de mantenimiento del Colector Poniente; 2) que la Municipalidad capitalina les entregue los planos de los colectores en los cuales se especifique la ubicación de todos los pozos; 3) que las autoridades busquen los cuerpos de las personas que desaparecieron en los hundimientos; 4) un resarcimiento económico para las personas que han sufrido pérdidas humanas y materiales debido a los hundimientos.
Amílcar García, integrante del Comité de Vecinos del Barrio San Antonio, afirma que el colectivo, por medio de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ha presentado tres recursos de amparo, con los cuales exige una compensación para los afectados, pero ninguno ha sido exitoso.
A las demandas relacionadas a los hundimientos se han sumado otras de tipo ambiental y social.
Rosa Cuéllar, integrante de la Asociación Coordinadora Comunitaria de Guatemala (Acorguate), explica que se intenta estimular la creación de Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), lo cual les permitiría gestionar fondos para diversos proyectos; entre estos, la reconstrucción de las áreas afectadas.